En Aquila: empresa minera que alienta el conflicto social
2013-08-23 08:33:31

En Aquila: empresa minera que
alienta el conflicto social

EN AQUILA: EMPRESA MINERA QUE ALIENTA EL CONFLICTO SOCIAL

La Jornada
Napoleon Gomez Urrutia.

Lo que ocurre con la empresa Ternium, de
capital extranjero, en el conflicto con los
comuneros propietarios de las tierras ferríferas
que esa compañía y sus antecesoras han explotado por
más de 20 años en el municipio de Aquila,
Michoacán, sin cumplir las justas demandas de los
campesinos, es un síntoma de lo que sucede con
muchas de las mineras del país, tanto de capital
mexicano como extranjero. Éstas siempre están
protegidas por los gobiernos federal y estatales, y por
sus fuerzas públicas armadas, en sus apetitos de
dominio de recursos del subsuelo, mediante
concesiones. Nunca hasta ahora se ha registrado que
las autoridades protejan y den la razón a los
propietarios o usufructuarios originales de las tierras
sometidas a concesión.
El caso de ninguna manera puede generalizarse a
todas las firmas mineras, pero es emblemático en lo
negativo de lo que muchas hacen y podrían realizar,
sin importarles que en su explotación intensa de tierras
y trabajadores le apuesten al conflicto social y se
olviden del progreso de las comunidades. En nuestro
asunto, una empresa decide explotar yacimientos de
hierro dentro del municipio de San Miguel de Aquila,
Michoacán, en el predio llamado originariamente El
Tenamaztle y después, sucesivamente, Hylsa Las
Encinas y Ternium Las Encinas, según los dueños que
ha tenido.
La empresa, cuyo grupo dirigente nunca ha dado la
cara, sino que ha llevado las negociaciones por
conducto de empleados, firma compromisos con los
comuneros para pagarles regalías por la extracción del
hierro, pero nunca les cumple. Los pobladores
engañados, inician entonces movimientos de protesta
como bloqueos de la mina, que nuevamente son
desoídos por la compañía, que dispone de sicarios y de
autoridades locales cómplices para el cohecho, el
asesinato o la aprehensión de los líderes comunitarios.
El presidente del comisariado comunal de la localidad,
Octavio Villanueva, detalló en este mes de agosto, que
a principios de la década de los 90 el gobierno federal
otorgó a la empresa Hylsa (Hojalata y Lámina SA),
con sede inicial en Monterrey, una concesión de 300
hectáreas con un área de explotación de 73 de ellas. A
la fecha Ternium ha invadido 200 hectáreas más. Esta
compañía se ha dedicado a cohechar a autoridades
comunales y cuando hace 20 años surgió un grupo de
comuneros que exigía mayores regalías por parte de la
mina, encabezados por José Ramírez Verduzco, éste
fue asesinado y la lucha se desintegró.
No obstante, en 2004 se formó otro grupo que buscaba
justicia en el pago de regalías a 467 comuneros, pero
también mediante el cohecho a 40 de ellos, la empresa
desinfló este movimiento. Esa compañía no cejó y dio
trato preferencial a esas 40 personas, mismas que la
asamblea expulsó de sus filas y les canceló sus
derechos por 40 años.
Finalmente, en diciembre de 2011 la organización
comunal decidió hacer un paro total en la mina Las
Encinas, que duró tres meses. En febrero de 2012 les
enviaron policías federales y estatales para desalojar el
plantón, pero no lo lograron. El 18 de marzo de ese
año se firmó un acuerdo en el que Ternium se
LEN AQUILA: EMPRESA MINERA QUE ALIENTA EL CONFLICTO SOCIAL
comprometió a pagar 3.8 dólares por tonelada de
hierro extraída, pero nunca se nos pagó lo acordado,
denunció el líder comunitario Octavio Villanueva a
Ernesto Martínez Elorriaga, corresponsal de La
Jornada.
Lo más grave del asunto es que en abril de 2012,
Ternium divulgó en la radio y en periódicos locales
que pagaba más de 18 mil pesos mensuales de regalías
a cada comunero, lo cual los puso en la mira del
crimen organizado, el cual se avalanzó sobre ellos
para extorsionarlos y obtener pagos de 2 mil pesos o
más al mes por cada uno de los 401 comuneros.
Contra todo eso y por el hartazgo de la situación,
surgió la policía comunitaria como respuesta a los
abusos de la delincuencia organizada y la inactividad
cómplice de las autoridades locales, que tuvo una
expresión desesperada, aunque errónea, en la
detención de 60 miembros del Ejército, que ya fueron
liberados, gracias a la actitud no provocadora de los
guardias comunitarios.
A la empresa, pese a haber cometido la delación que
ayudó a los delincuentes, no le agradó la existencia de
una policía de autodefensa y en eso fue apoyada por
funcionarios del ayuntamiento priísta de la localidad.
Ambos demandaron desarmar a la policía comunitaria,
pero sobre todo aprehender a su líder, Agustín
Villanueva Ramírez, a quien fuerzas militares
encarcelaron junto con otros 45 integrantes de este
cuerpo el 14 de julio pasado; además de 47 de
Buenavista, otra población vecina involucrada en la
autodefensa.
Los procesos de los detenidos destacan por la
opacidad judicial, que ni siquiera los visitadores de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos logran
borrar. A unos se les envió a un penal de Veracruz y a
otros a uno de Michoacán. Sobre la base de que los
policías comunitarios han cometido diversos ilícitos,
se ha montado una cacería de brujas que beneficia a la
empresa y atenta contra los comuneros y sus
familiares, desde antes perjudicados y engañados por
esta compañía.
Todo esto es algo que el gobierno de Enrique Peña
Nieto debe revisar a fondo y corregir. No es posible
que distraídos en planes y proyectos sexenales de
cambio no se den cuenta de que en el caso de Aquila y
otros más, esté avanzando con peligrosos pasos hacia
la irritación social profunda, y no corrijan el rumbo.
¿Qué quieren, que surja el levantamiento social y la
represión brutal del mismo, para que se percaten de
que muchas empresas mineras no son agentes de
progreso, sino de retroceso?
El gobierno debe definir a quién deben servir las
empresas mineras, si al progreso social o al conflicto
entre pobladores y autoridades.



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