Ley Minera: cambios insuficientes
2013-05-08 09:22:39

NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA

La Cámara de Diputados aprobó en su sesión
plenaria del jueves 25 de abril diversas
modificaciones fiscales que en teoría implican
crear una nueva y más alta contribución económica de
las empresas mineras, tanto nacionales como
extranjeras, que de atenerse a los postulados de la
iniciativa legislativa aprobada, darían por resultado
una mayor aportación de esas compañías a la
Federación, así como a los estados y municipios
donde se realiza la explotación de los recursos
minerales, lo cual ocurre en concesiones que abarcan
más de 26 por ciento del territorio nacional.
Por 359 votos a favor, 77 en contra y 19 abstenciones,
los diputados aprobaron la iniciativa presentada por
dos diputados del PRI el 12 de marzo pasado, en la
cual se plantean modificaciones a la Ley Minera y de
Coordinación Fiscal, que autorizan al gobierno federal
a cobrar un derecho especial de minería de 5 por
ciento sobre las utilidades netas de las empresas
mineras. Los 77 votos en contra fueron de los
diputados del Partido Acción Nacional, que siempre se
han significado por ir en contra de las necesidades
primordiales de las clases populares del país, y aunque
argumentaron cuestiones de procedimiento, es
evidente que se pusieron en la defensa extrema de las
exorbitantes utilidades de las empresas mineras.
De acuerdo con ese proyecto aprobado de cambios, el
5 por ciento de la utilidad neta que obtengan las
empresas mineras se dividirá en 30 por ciento para la
Federación, en tanto que el 70 por ciento restante de
esa recaudación se destinará a estados y municipios en
los que se desarrolla la explotación y la obtención de
sustancias minerales. Hay actividad minera diversa en
24 estados de la República, destacando por sus
volúmenes Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila,
San Luis Potosí y Durango.
Esta aprobación deberá pasar al Senado de la
República para su modificación o ratificación. Hasta
el pasado martes 30 de abril, límite de tiempo que
impone la agenda del Poder Legislativo, no fueron
realizados todos los trámites legislativos conducentes
a su desahogo total.
Como quiera que sea, se trata de un mínimo adelanto
respecto de la situación de caos y desorden que por
obra del gobierno de Carlos Salinas de Gortari
prevaleció en la privatización del sector minero y
siderúrgico, y que sólo ha beneficiado a las empresas
y no ha reportado casi nada al Estado ni a los
trabajadores mineros ni a las poblaciones en las que se
realiza la actividad extractiva o industrial. Las
cuantiosas utilidades que esas compañías obtienen por
la explotación de las riquezas del subsuelo del país,
que son propiedad de los mexicanos, sólo en 2011, sin
contar los años previos, ascendieron a 20 mil 148
millones de dólares, según datos de la Secretaría de
Economía, lo que indica el tamaño de la inversión
minera en México, tanto de nacionales como de
extranjeros.
Las cifras de esta desmesurada situación son
conocidas. Las empresas del ramo minero no pagan
ningún derecho por la producción de minerales,
incluido el oro, y se les cobra sólo por la extensión de
los terrenos que explotan, lo cual ha sido considerado
por diversos analistas como un despojo vil contra la
nación. En general, las empresas pagan de 5 a 11
pesos por hectárea concesionada, que son precios
ridículos, si se piensa que más de la cuarta parte del
territorio nacional les está concesionada por el Estado,
o sea, más de 50 millones de hectáreas, lo cual da
unos resultados terriblemente bajos respecto de lo que
en otros países pagan las compañías mineras por este
concepto.
De aprobarse por el Senado, ahora se les impondrán
contribuciones sobre las cuantiosas ganancias
obtenidas en la producción, o regalías, que a pesar de
su limitación, ya significan un avance respecto de la
anterior situación, en la que México desde el sexenio
de Salinas de Gortari ha pagado ínfimas cantidades en
comparación con otros países, que en Australia fueron
hasta de 10 por ciento; en Chile hasta 5 por ciento; en
Rusia hasta 8 por ciento; en Estados Unidos hasta 12
por ciento y en Canadá hasta 17.5 por ciento.
Habrán de hacerse avances de mayor consideración en
el futuro, para ajustar a las empresas mineras a los
intereses reales del país. No es posible que México
siga subsidiando a los empresarios mineros de la
forma abusiva en que éstos lo han hecho hasta hoy,
quedándose ellos para su beneficio con las ganancias
de los minerales extraídos, depredando la ecología,
dejando sin agua a las poblaciones, despojando a los
habitantes de toda posibilidad de desarrollo en sus
comunidades, manteniendo oprobiosos niveles de
miseria y necesidad. Y todavía actúan con
insensibilidad y arrogancia contra los derechos
laborales y humanos.
Estas modificaciones a la Ley Minera vigente no
incluyen el debido y obligado respeto a la integridad,
la seguridad y la salud de los trabajadores del ramo. Si
se quiere que haya un verdadero cambio en la
industria minera, tales modificaciones no pueden dejar
de contener, entre otras cosas, la penalización de la
negligencia criminal de los empresarios, que con su
insensibilidad y desprecio hacia los trabajadores
provocan tragedias como la de Pasta de Conchos en
2006, y muchas más que antes y después ocurrieron.
Desde ese tiempo he venido planteando que se
promulgue una ley que sancione penalmente, hasta
con cárcel, a los empresarios que cometen homicidio
industrial como el mencionado. Es imprescindible
que, como lo denota la bienvenida propuesta de la
senadora Dolores Padierna de legislar en ese mismo
sentido, se castigue ejemplarmente a los dirigentes de
compañías que cometen este delito de comisión por
omisión, según también se le denomina. No es posible
que se siga jugando irresponsable e inhumanamente
con la seguridad y la vida de nuestros trabajadores.



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