La lucha contra la corrupción
2013-04-02 09:00:48

NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA

Entramos en México, después de los simbólicos
primeros 100 días del gobierno actual, a la
etapa de la realización de propósitos, aunque
éstos al parecer no se hayan agotado. Diversas
reformas están a la vista y no es preciso abundar en
ellas, ya que son de amplio conocimiento público. Los
asuntos energéticos y los educativos, así como los de
la política fiscal y hacendaria, han tenido relevancia.
No parecen temas ligeros, sino cada uno de ellos muy
cargado de importancia para el futuro inmediato del
país.
Uno de los asuntos básicos, que en mi artículo anterior
comenté, es el de la nueva estrategia de lucha frente a
la corrupción. Contra lo que en algunos círculos se
dice equivocadamente, México no es un país de
corruptos, ni en él predominan las transas. De no ser
así la nación se hubiera ya ido por el despeñadero. En
nuestro país, pese a lo extendidos que están los malos
hábitos sociales, existe un tronco muy firme de
honestidad y entereza. Las comunidades pequeñas o
medianas del país así lo demuestran
permanentemente, y en ellas prevalecen la
marginación y el abandono en sus más variados
niveles. Lo cual indica que en la pobreza no
predomina la falta de honestidad, sino más bien la
explotación y la discriminación. El pueblo mexicano
habitante de esas comunidades, que son la mayoría de
las que existen, es honrado y está bien dispuesto a
luchar contra la corrupción cuando sus líderes y sus
gobernantes van en ese camino de manera firme y
creíble, con demostraciones eficientes, ejemplares.
Una falta importante en los propósitos del Pacto por
México es sin duda esta, la lucha contra los malos
manejos. No se trata de aplicar recetas cosméticas a la
situación, de meras palabras o de únicamente
intenciones, como en anteriores inicios de sexenio se
planteó, sino de establecer una verdadera estrategia
para que el país reduzca en la medida de lo posible
esas pésimas costumbres, en paralelo a cambios
profundos en el sistema de educación. Muchos
esfuerzos honestos en el gobierno, que siempre los ha
habido, se hunden en la incredulidad hacia su
existencia, particularmente cuando no son parejos,
sino selectivos o cargados de una clara persecución
política obsesiva y enfermiza, que no se aplica a
empresarios o políticos.
Los sindicatos democráticos y autónomos, entre los
cuales se encuentra el de los mineros, han sido
obstaculizados en parte por esta imagen negativa que
les proyectan otras organizaciones donde no se
practican ni la honestidad ni la dignidad. Hemos sido
víctimas de una suerte de complejo maligno y
perverso que tiende a etiquetar con el mismo marbete
a unos y a otros, dentro de un feroz ataque contra los
sindicatos y la clase trabajadora en general, sin
detenerse en estudiar cada caso en particular, con la
verdad y con datos en la mano.
Recientemente se inició una campaña contra los
mineros en la que se pretende inventar una supuesta
colaboración con la defensa jurídica y legal de una
dirigente magisterial de las acusaciones penales de que es objeto. Y debemos decir que no es la
organización minera ni su líder quienes han asumido
esta colaboración, sino simplemente el abogado, que
nos defiende eficazmente; es quien ha tomado ese
caso por así convenir a sus intereses profesionales. No
se contamine, pues, la lucha de los mineros con otras
situaciones.
Los esfuerzos contra la corrupción a todos los niveles
y en todos los sectores deben tener un apartado
especial en el programa del actual gobierno. No es
posible que los mineros hayan sido perseguidos
políticamente durante más de siete años, y a la fecha
no haya visos de cambio en esa agresión demencial,
promovida por algunos inescrupulosos enriquecidos
de la minería que exactamente pretenden conjurar las
acusaciones contra su propia corrupción
atribuyéndosela a otros como los mineros. Y menos
aún cuando esa minoría absoluta de empresarios no
representa el sentir ni la política de la inmensa
mayoría de las compañías que operan en este
estratégico sector de la economía del país.
Urge que el actual gobierno se desprenda de posturas
escapistas y afronte directamente la problemática del
sector minero, metalúrgico y siderúrgico. Sobre todo
cuando advertimos que algunos personajes de este
sector no cejan en su persecución, de nuevo judicial y
siempre vergonzosa, contra el sindicato minero y sus
dirigentes, y cuando un juez de consigna se presta a
revivir artificialmente una orden de aprehensión que
ya decenas de juzgadores y tribunales han declarado
infundada en más de cuatro ocasiones por ser
inconstitucional.
El hecho de que a pesar de la persecución política el
sindicato minero ha obtenido continuamente los
mayores éxitos en sus revisiones de salarios y
prestaciones con las empresas con las que sostiene
relaciones laborales debería ser una prueba de la
honestidad y transparencia del organismo sindical, así
como del reconocimiento que a su líder nacional le
otorgan los trabajadores y la inmensa mayoría de las
compañías del sector. En lo que ha transcurrido de
2013 ha habido 10 revisiones salariales o
contractuales, y en todas ellas, en promedio, la
organización minera ha obtenido incrementos globales
de 14 por ciento, muy por encima del índice de
inflación y muy superior a los aumentos que obtienen
los otros gremios sindicales, tal como durante los
últimos siete años lo ha logrado.
La nueva acusación de ese juez, seguramente
motivada por intereses no jurídicos ni profesionales,
tiene el significado de que la corrupción de los
barones de la minería, enriquecidos con base en la
explotación desmedida, están tratando cínica y
retadoramente de amedrentar al gobierno actual para
que éste no tenga la intención de poner orden legal en
la situación del sector y le haga justicia a los mineros
y a su organización sindical. Esta es una nueva presión
ilegítima que los gobernantes de hoy deben resistir y
no ceder a ella. Con esto se demostrará que es un
propósito firme la estrategia de lucha contra la
corrupción.



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