EXIGIMOS SOLUCIÓN JUSTA, DIGNA Y PACÍFICA EN CANANEA
RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS MINEROS Y A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO
La resolución del Segundo Tribunal Colegiado en materia laboral del Distrito Federal, con la que, después de 32 meses de sesgado litigio, se dan por concluidas las relaciones laborales entre la mina de cobre Mexicana de Cananea, filial de Grupo México, y los más de mil agremiados de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana que laboran en ese yacimiento, cuestiona la vigencia del derecho de los obreros a defender sus condiciones de trabajo, exhibe la desprotección industrial y de higiene con que laboran, además de que dificulta la posibilidad de una posible salida justa, digna, y negociada del conflicto.
Durante los más de 2 años y medio que se ha prolongado el conflicto en Cananea, las autoridades se han mostrado favorables a la empresa, como lo acreditan los cinco laudos y las tres declaraciones de inexistencia de huelga dictados por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El reciente fallo es la evidencia más reciente de una ofensiva de acoso institucional encabezada por el Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, contra las expresiones de lucha y defensa de los trabajadores de sus legítimos derechos laborales.
La acción anti obrera del Secretario del Ramo comprende la criminalización de la movilización sindical, la injerencia sistemática del gobierno federal en las organizaciones sindicales, y ahora, en el caso de Cananea, la agresión a la población que vive en torno al eje económico del yacimiento.
En Cananea, la embestida oficial contra el sindicalismo, no sólo está afectando los derechos de los trabajadores de la mina, y la subsistencia de sus familias; sino que ha generado cuantiosos e irreversibles daños materiales a las condiciones de vida de la población de ese esforzado municipio que sufre también la suspensión de servicios de salud, electricidad: agua potable y seguridad ciudadana.
Para los diputados federales del PRI es inaceptable que el Ejecutivo Federal mantenga una política laboral que agrede al sindicalismo, agravia los derechos fundamentales de la clase trabajadora, inhibe la expresión organizada, autónoma e independiente de las organizaciones sociales y del movimiento obrero; y altera la armonía entre los factores de la producción
Atentar contra los trabajadores mineros de Cananea, símbolo histórico de la vena revolucionaria del México moderno y ejemplo centenario de la dignidad obrera, es atentar contra los derechos laborales de los trabajadores de todo el país y socavar la estabilidad, la paz social, y la vigencia misma del estado de derecho de la nación. Nos pronunciamos por la preservación del dialogo obrero patronal, por la armónica construcción de una reforma laboral que modernice las relaciones laborales en un marco de respeto a las conquistas constitucionales, saludamos toda propuesta para elevar la productividad que mejore la competitividad del país, pero demandamos una política laboral seria, comprometida con los trabajadores y sus familias, con el papel socialmente responsable de las empresas y el escrupuloso respeto al estado de derecho, la solución pacifica, y dialogada de los conflictos.
Por ello, con relación al conflicto político-laboral de Cananea, compartimos con la ciudadanía de toda la nación los siguientes resolutivos de nuestra asamblea plenaria:
EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI DEMANDA:
1. La intervención del Poder Ejecutivo Federal para que realice las acciones necesarias que impidan la violación de los derechos fundamentales de la población de aquella ciudad y garanticen, que en ningún caso, se utilice la fuerza pública como medida para resolver el conflicto de referencia.
2. El inmediato restablecimiento de los servicios públicos de suministro de agua potable, gas, electricidad, medicamentos y becas escolares a toda la población de Cananea, por lo que solicitamos se instruya a las dependencias y entidades competentes.
3. Al Ejecutivo Federal la revocación de la concesión de la mina de cobre Mexicana de Cananea a la empresa Industrial Minera México, S.A. de C.V. (IMMSA), subsidiaria del Grupo México, por causar graves perjuicios a la comunidad de ese Municipio y no contar con soluciones que garanticen la paz social, la convivencia pacífica con la comunidad y el alto riesgo de la posibilidad de cierre de la mina.
4. La creación inmediata de un Fideicomiso o instrumento jurídico financiero adecuado que, incorporando a los gobiernos federal, estatal, municipal, trabajadores y ciudadanos de Cananea, administre, explote y desarrolle el yacimiento de la Minera Cananea, a favor de la nación, de los objetivos sociales del Estado de Sonora y, en específico, del municipio de Cananea.
5. La inmediata comparecencia de los Titulares de la Secretaría de Gobernación; y de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, para comparecer ante la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para explicar la situación y posibles soluciones del conflicto de los trabajadores con la empresa minera.
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
