Pasta de Conchos .....a tres años
2009-02-21 11:53:30


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La muerte de 65 mineros no dio como resultado la puesta en marcha de medidas más severas de seguridad en las minas, ni de mejores condiciones de trabajo para los trabajadores del carbón.
Tan lento e injusto es el actuar de la justicia en México, que a tres largos años de la tragedia de la mina Pasta de Cochos, en la que 65 mineros perdieron la vida, no ha habido -ni habrá- responsables tras las rejas.
Y es tan grotesco el actuar de la justicia mexicana, si hay algo que pueda llamarse así en el país, que a quien fuera delegado de la Secretaría del Trabajo en Coahuila, Pedro Camarillo Adame, cuya irresponsabilidad y corrupción fueron factores desencadenantes del desastre en la mina, le acaban de reducir el tiempo de inhabilitación para trabajar en el gobierno federal de 2 años a 14 meses, los cuales se cumplen en mayo próximo.
Semejante resolución es una ofensa para las viudas y los familiares de los 65 mineros muertos, pero a la vez un ejemplo más -el enésimo- de que en este país nadie rinde cuentas por sus errores ni paga por su negligencia, corrupción o irresponsabilidad.
Por eso para los políticos México es el mejor de los mundos posibles, pues aquí el robo de cientos de millones de dólares, como lo fue el de la partida secreta por parte de Salinas de Gortari a decir de Luis Téllez, no amerita investigación alguna y mucho menos algún tipo de sanción.
Sin embargo, cabe recordar que de acuerdo a las declaraciones ministeriales de los inspectores de Trabajo “Camarillo Adame congelaba las órdenes de inspección hasta por un año, lo que impedía que regresáramos a la mina a verificar si la empresa había corregido las irregularidades y acatado las recomendaciones”.
Además, utilizaba como argumento el exceso de trabajo para que “ya no enviaran tantas actas de inspección a Industrial Minera México y justificar que las visitas de revisión de la mina no se llevaran a cabo cada seis meses.
Es claro que estas conductas presuponen graves actos de corrupción por parte de Camarillo, y por ende también de directivos de la empresa Industrial Minera México ya que si el exdelegado se hacía de la vista gorda en cuanto a la seguridad de la mina era porque éstos estaban en complicidad con él.
Sin embargo, el gobierno foxista y políticos panistas tendieron un manto de protección e impunidad a quien fuera encargado de prensa de Jorge Zermeño. Y lo mismo ocurrió con el principal accionista de Industrial Minera México, el presidente del Consejo de Administración de la empresa, Germán Larrea Mota-Velasco, quien jamás se hizo presente en el lugar de los hechos y ni siquiera colaboró para las labores de rescate pues los equipos que se formaron fueron de otras mineras, en particular Micare.
Este multimillonario mexicano es el ejemplo más acabado del empresario insensible y voraz.
La Procuraduría de Justicia debió haberle fincado responsabilidades por omisión, pues está demostrado que el desastre se produjo por la falta de equipo adecuado y la omisión de normas de seguridad básica en la mina.
Los mineros no tenían ni el llamado ‘polvo blanco’, el cual es indispensable para evitar la explosividad del gas grisú, pero además sus condiciones de trabajo eran absolutamente indignantes, propias del siglo XIX.
En su oportunidad la Procuraduría de Justicia señaló como presuntos implicados a Rubén Armando Escudero Chávez, Gerente General de Industrial Minera México; al superintendente de la mina, Sergio Rico Pérez; así como Fermín Carlos González Bermea, Superintendente de Operaciones; Antonio Campos González, supervisor de seguridad; y Emilio Rodríguez Díaz, ingeniero de seguridad. Sin embargo, ni siquiera fueron llamados a testificar; amén de que en el peor de los casos con el pago de una simple fianza podían haber evadido el pisar la cárcel.
La muerte de 65 mineros no dio como resultado la puesta en marcha de medidas más severas de seguridad en las minas, ni de mejores condiciones de trabajo para los trabajadores del carbón.
En ese sentido su muerte puede considerarse inútil.
Sus viudas han seguido, sin embargo, una ejemplar lucha a lo largo de tres largos años para rescatar sus cuerpos del interior de la mina colapsada, pero con escasas posibilidades de que ello llegue a ser posible.
Cabe destacar que el obispo de Saltillo, Raúl Vera, ha sido un constante factor de presión para el esclarecimiento de la tragedia y a la vez instrumento de apoyo a las familias de los mineros muertos.
De no haber sido por él, el desamparo de las viudas y sus hijos hubiese sido sin duda mucho mayor.
Y lo mismo puede decirse del gobernador Humberto Moreira, quien desde el primer momento desplegó un apoyo moral y político irrestricto a las familias de los mineros muertos. A tres años de la tragedia, la justicia sigue siendo una esperanza no cumplida para los mineros del carbón de Coahuila.
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