--BOLETÍN INFORMATIVO--
2008-12-22 07:14:59

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció la impunidad en que la Procuraduría General de la República (PGR) ha mantenido a los responsables del homicidio industrial que se cometió en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, ocurrido el 19 de febrero de 2006, en que perdieron la vida 65 compañeros mineros (en que 63 cuerpos siguen abandonados en el socavón de la mina) y le turna a su titular, Eduardo Medina Mora, la Recomendación 64/2008 para que realice las investigaciones sobre este hecho y deje ya de estar omiso de este asunto.
En su Recomendación, la CNDH sostiene que debido a “las omisiones y deficiencias” en las indagatorias en que incurrieron funcionarios de esa dependencia, o sea, la PGR, el expediente fue enviado a la reserva, “lo cual significa dar impunidad a los responsables de la tragedia”. Añade la CNDH que “según las evidencias fue un hecho que pudo evitarse de haberse aplicado las normas de seguridad establecidas para la correcta operación del socavón”.
Múltiples son los sólidos argumentos de la CNDH en esta Recomendación suya. Pero destaca que a partir del análisis lógico-jurídico del caso, existen violaciones a los derechos fundamentales de acceso a la legalidad y a la seguridad jurídica en contra de las personas fallecidas hace 34 meses y sus familias, “y otros atropellos a garantías básicas por el ejercicio indebido de la función pública y la deficiente integración de la averiguación, atribuible a servidores de la PGR”.
En su Recomendación-denuncia, la CNDH agrega que la conducta del director de Servicios Periciales de la PGR es “violatoria de las garantías fundamentales”, ya que no respondió a una solicitud hecha con esa finalidad por el agente del Ministerio Público Federal el 14 de marzo de 2007, “aun cuando era su obligación atender todos los requerimientos hechos por el representante social”. Otras muchas ilegalidades en la actuación de la PGR revela la CNDH en su Recomendación, que deben ser investigadas y castigadas por los directivos de la Procuraduría.
El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, que dirige el compañero Napoleón Gómez Urrutia, confirma que esta omisión oficial de la PGR es una realidad, la cual ha denunciado desde que ocurrieron los trágicos hechos del homicidio industrial en febrero de 2006 y se suma a la exigencia de la CNDH de que la PGR “continúe la investigación hasta su completa terminación” y “que sea extraída de la reserva” en que la PGR la colocó. Aunque han pasado casi tres años de la tragedia, sigue siendo pertinente, como antes, que se lleve a cabo esta indagatoria hasta encontrar a los responsables de la tragedia, que según lo ha denunciado el Sindicato Nacional de Mineros, tienen nombres y apellidos, los cuales deben ser sometidos al imperio de la ley y al castigo correspondiente, entre quienes están los funcionarios de la Secretaría del Trabajo, los directivos de la empresa Grupo México y Germán Larrea Mota Velasco.
Pero declara que la CNDH también debe ampliar su recomendación a hechos más recientes y no menos graves y lacerantes, como el de que la autoridad haya cometido el atropello de congelar las cuentas personales de las Viudas de Pasta de Conchos, que por razones elementales no son abultadas pues se trata de familiares de mineros, con la perversa pretensión de impedirles proseguir en su tarea del rescate de los cuerpos, iniciada en el interior de la mina desde el 28 de septiembre con la inspección directa y la rehabilitación de las condiciones en el socavón, en que las Viudas confirmaron que sí es posible el rescate de los cuerpos. Como, también, la persecución que mantiene ahora contra las Viudas de Pasta de Conchos, citándolas el Ministerio Público a declarar en relación con falsas ilegalidades que ellas no han cometido al ingresar a la mina.
Asimismo, la CNDH debe denunciar el congelamiento de todos los fondos sindicales operada por las autoridades a principios de este mes, que también lleva la finalidad de obstruir e impedir el rescate de los cuerpos, así como la solidaridad con los trabajadores huelguistas de Cananea, Sonora, Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, en una más de las ilegales y arbitrarias agresiones que se han cometido contra el Organismo Sindical. Huelgas que, además de aspectos contractuales, se fundan en la irrefutable necesidad de que se establezcan condiciones de seguridad e higiene industrial en todas las minas del país, que sobre todo las concesionadas a Grupo México no cumplen y se han empecinado en no cumplir. Esto forma parte de la persecución política que el gobierno ha mantenido durante casi tres años contra el Sindicato y sus dirigentes, evidenciado en la arbitraria detención de los compañeros Juan Linares Montúfar y Carlos Pavón Campos, el segundo de las cuales ya obtuvo su libertad bajo fianza, pero sobre los cuales exigimos la absoluta libertad y el desistimiento de los falsos cargos.
La demanda de la CNDH hace ver la razón que asiste a los trabajadores y al Sindicato Minero, en el sentido de que todo apunta, sin reservas de duda, hacia que la responsabilidad del este homicidio industrial, la tiene la empresa Industrial Minera México, filial de Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco. Y que la negativa tanto de Grupo México como de la PGR a investigar las causas de la tragedia es parte de una orquestada conducta para encubrir ilegalmente los intereses de Grupo México, que en su voracidad patronal ignora el dolor de las Viudas y Deudos de Pasta de Conchos.
Elementos de dicha conducta encubridora se tienen en la intención del ex presidente Vicente Fox de inventarle culpas en 2006 sobre esta tragedia al Dirigente Nacional del Sindicato Minero, compañero Napoleón Gómez Urrutia, que el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, denunció públicamente, aunque haya sido un año después de esa ilegal y arbitraria pretensión.
Urge que la PGR atienda a fondo esta Recomendación de la CNDH y su titular, José Luis Soberanes Fernández, quien con ello, aunque tardíamente, hace ver la injusticia que en Pasta de Conchos se ha cometido contra los trabajadores de la mina y contra sus Viudas y Deudos, durante los 34 meses transcurridos desde el 19 de febrero de 2006.



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